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Se trata de un paquete de medidas que, según indica la exposición de motivos de la norma, pretenden reducir la desviación presupuestaria estimada de las Administraciones Públicas en 2011 respecto al objetivo previsto y que ha supuesto en la práctica una reducción del gasto público acompañada de un aumento de ingresos, lo que en época de crisis suele suponer una subida de impuestos para el ciudadano.

De las medidas adoptadas, la que más repercusión ha tenido es la creación de un gravamen complementario a la cuota íntegra estatal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dicho incremento solo será aplicable, en principio, a los ejercicios 2012 y 2013, sin que, por otra parte, se pueda asegurar que el incremento impositivo no vaya a perdurar con posterioridad a esa fecha si la coyuntura económica o la política fiscal aplicada así lo justifican. Prácticamente, la medida supone que los tipos generales se han incrementado en una escala progresiva, siendo la subida inferior al 1% para las rentas más bajas y llegando hasta el 7% para rentas superiores a 300.000 euros.

Con base en lo anterior, un contribuyente que tenga su residencia fiscal en Extremadura y unos ingresos netos por rentas del trabajo de 17.000 euros pagará 128 euros más en 2012 que en 2011; si obtiene rentas por importe de 68.000 euros, el aumento será de 1.635 euros; y, si los ingresos son de 544.000 euros, el incremento será de 31.000 euros.

También para las rentas del ahorro se ha fijado un gravamen adicional y progresivo que puede provocar un aumento de tributación de hasta 6 puntos porcentuales. Como en el caso anterior, el incremento de tributación se observa más claramente a través de un ejemplo numérico. Así, supongamos un contribuyente que en los ejercicios 2011 y 2012 hubiera transmitido acciones y/o participaciones sociales de sendas compañías, obteniendo en ambos casos una ganancia patrimonial de 30.000 euros. En el ejercicio 2011 por la citada plusvalía habría pagado 6.180 euros, mientras que en 2012 pagará 7.380 euros.

Ante este incremento de los tipos impositivos, una correcta planificación fiscal se hace aún más necesaria que en épocas anteriores. Además, y dado que en principio la medida solo sería aplicable en los años 2012 y 2013, es importante recordar que nuestro ordenamiento jurídico recoge mecanismos que permiten atenuar el impacto fiscal del incremento de tipos difiriendo en el tiempo el cobro de contraprestaciones.

Así, y en el marco de políticas retributivas, se podrían establecer bonos plurianuales con vencimiento en 2014 o adecuar, por ejemplo, sistemas retributivos mixtos entre sueldo y dividendo para los socios trabajadores.

En relación a las rentas del ahorro, la normativa del IRPF permite la integración fiscal de las rentas en función del cobro de las mismas siempre que transcurra más de un año hasta el último pago. También resultaría fiscalmente interesante congelar las rentas del ahorro mediante productos de capitalización con vencimiento en el año 2014 o posteriores; fomentar el ahorro a largo plazo o realizar aportaciones a planes de pensiones aprovechando los beneficios fiscales ligados a estos productos.

Además, antes de proceder a implementar cualquier medida, es necesario proceder a su vez al análisis del impacto financiero que la misma puede conllevar, derivado, por ejemplo, de la traslación temporal de rentas a ejercicios posteriores a 2013. Así, será el análisis conjunto de todas las variables económicas que incidan en cada medida lo que asegurará el éxito de la misma.

Por todo lo anterior, resulta recomendable que antes de acometer cualquier inversión o política retributiva se proceda al estudio pormenorizado de las implicaciones económicas que de la misma se derivan, con especial incidencia en la tributación aparejada a cada operación, toda vez que, en situaciones de incertidumbre como la actual, la minimización de los costes fiscales puede convertirse en la variable que asegure el éxito de cualquier actuación que vayamos a emprender.