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Según el informe semestral de otoño del pasado ejercicio del broker Clarksoon sobre el sector marítimo internacional: (i) La demanda de transporte marítimo mundial aumentó un 3,7 por ciento, la mayor tasa registrada desde 2012; (ii) Se registró un sensible alivio de los mercados de fletes de buques graneleros y portacontenedores (sobre todo debido a una demanda más sólida) que contrasta con los niveles mínimos de los fletes de los buques tanque (motivado fundamentalmente por la sobrecapacidad actual de este tipo de flota); y (iii) La construcción de buques cerró 2017 como un segundo año consecutivo de bajísima contratación media a nivel internacional, registrándose una notable disminución de la cartera de pedidos y un aumento considerable de los desguaces.

Según la patronal Anave, la situación del sector marítimo nacional sería la siguiente: (i) Al 15 de octubre de 2027, las empresas navieras españolas sólo operan 213 buques mercantes, de los que únicamente 112 están bajo pabellón español (Registro Especial de Canarias), por lo que nuestra flota mercante sigue sin ser, en modo alguno, acorde a nuestro peso económico, pues, pese a ser la quinta en PIB y la cuarta en tráfico portuario de toda la UE, sólo es la decimoterecera en flota y decmocuarta controlada y de pabellón, respectivamente; (ii) Al 30 de noviembre de 2017, siete empresas navieras españolas tienen encargados 22 buques mercantes, lo que supone más del 27 por ciento del tonelaje de la flota total controlada por las empresas navieras españolas.

Por último, y centrados en materia de política marítima, urge reformar la normativa del Registro de Canarias, pues si bien es uno de los mayores éxitos de la política marítima española reciente, en los últimos años ha perdido mucha competitividad pese a sus innegables virtudes (incentivos fiscales y sociales aprobados por la UE; Lista Blanca del MOU de París; no status de paraíso fiscal; acceso a los tráficos internacionales y al cabotaje de la UE...). Entre las causas, sobre todo, debido a la excesiva rigidez de su legislación laboral; a la escasa y parcial delegación en las sociedades de clasificación; y a los pocos medios humanos y materiales junto a una inadecuada estructura administrativa. A día de hoy, sólo está en marcha la reforma sobre las sociedades de clasificación, lo que siendo, necesario no es suficiente.