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Las Oficinas de Representación suelen ser uno de lo medios más utilizados por las empresas para su primera etapa de inserción en el mercado chino. Las Oficinas de Representación no poseen personalidad jurídica y, en general, no tienen permitido realizar actividades que le reporten beneficios, sino que éstos deben ser siempre generados por la matriz.

Una segunda forma de entrada típica en el mercado chino es la constitución de una sociedad o empresa mixta, conocida también como Joint Venture. El concepto tradicional de Joint Venture que existe en los países occidentales no se corresponde con el determinado por la legislación de la República Popular China. De acuerdo con ésta, una Joint Venture es una sociedad participada por capital extranjero y capital chino. Hasta hace poco tiempo, ésta ha sido la forma más habitual de implantación en China debido a las restricciones existentes en distintos sectores económicos y a la ayuda que implica emprender la aventura china de la mano de un nacional conocedor del mercado y que posea buenas relaciones con las autoridades y demás agentes económicos.

No obstante, en estos momentos, gracias a la progresiva liberalización producida en China desde su adhesión a la OMC y el consiguiente levantamiento de muchas de las restricciones existentes, la inversión extranjera tiende a canalizarse de forma mayoritaria a través de sociedades de responsabilidad limitada participadas al 100% por capital extranjero ya que, si bien con éstas no se obtiene acceso a los conocimientos y contactos que el socio chino puede aportar, sí permiten un mayor control de la gestión de la inversión.

En cualquiera de los casos anteriores, la implantación en el mercado chino mediante los vehículos expuestos con anterioridad, así como la adquisición de sociedades ya constituidas, está sujeta a la aprobación de las autoridades chinas. Existe un Catálogo de Inversiones, reformado por última vez en 2011, que establece restricciones o incentivos para las sociedades extranjeras en función de su objeto social.

El capital mínimo para la constitución de empresas extranjeras depende del tipo de ente jurídico y del sector de actividad, así como de los requisitos de las autoridades locales, ya que, de acuerdo con la ley, el capital social debe ser adecuado para cumplir con el objeto social. Los requisitos formales para la constitución de sociedades en China son, por lo general, largos y burocráticos.

En China existen tributos de naturaleza directa y tributos de naturaleza indirecta (los principales el IVA aplicable a la transmisión de bienes y el Business Tax aplicable a la prestación de servicios). Una de las notas más destacables, y a la vez diferenciadoras del sistema tributario chino está justamente en el citado BT (“BT”), un impuesto que grava la prestación de la mayoría de los servicios, así como la transmisión de bienes intangibles e inmuebles. A diferencia del IVA, el BT se basa en un sistema de no-repercusión y tampoco es reembolsable, con lo que no resulta neutral para los empresarios. Su tipo impositivo varía en función de los servicios prestados, si bien suele estar en torno al 5%. El 1 de enero 2012 entró en vigor un programa piloto para la municipalidad de Shanghái que supone la sustitución del BT por el IVA y que en un futuro cercano se extenderá a diez provincias y municipalidades más, de forma que se podrán reducir los costes de BT para muchas empresas de inversión extranjera dedicadas a servicios modernos.

Existen impuestos análogos o comparables al IS con un tipo general del 25%, al IRPF con tramos progresivos y un tipo marginal con límite en el 45%, al IVA con tipo general del 17% y varios tipos reducidos y un impuesto sobre el consumo.

En algunos supuestos limitados, es posible solicitar algunos incentivos fiscales y deducciones en función de la actividad, principalmente para empresas tecnológicas con inversión en I+D y actividades medioambientales.

En lo referente al marco jurídico laboral, se puede afirmar que el nivel de protección del sistema laboral chino es similar al existente en España. Los contratos de trabajo pueden ser por períodos limitados hasta un máximo de 2 contratos de duración determinada por empleado, la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 40 horas semanales y existe un salario mínimo (significativamente menor que el español y que varía de una ciudad a otra) así como indemnización de un mes por año trabajado en caso de despidos. La ley establece un listado de causas muy limitadas que permiten la resolución anticipada. En 2011 entró en vigor una nueva Ley de Seguridad Social que obliga a cotizar tanto a los nacionales como a los extranjeros, que hasta el momento habían estado exentos de realizar aportaciones.