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Entre las principales novedades introducidas por la nueva norma, cabe destacar las siguientes:

1. Modificación del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire

El Real Decreto 102/2011 se modifica para su adaptación, en caso de episodios de alta contaminación, a los nuevos umbrales de contaminación establecidos en el Plan Marco de Acción a corto plazo aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 9 de julio de 2021.

El citado plan busca lograr que las respuestas a situaciones de alerta por contaminación sean similares para todas las Administraciones, así como reducir el número de ocasiones en que se superen los valores límite u objetivo a corto plazo. Además, introduce la componente predictiva, permitiendo la activación de las medidas previstas antes de que ocurra la superación de los umbrales cuando esta se prevea mediante modelos predictivos de contaminación.

Dentro de las medidas previstas en el plan se incluyen aquellas que controlen actividades que incrementen significativamente el riesgo de superar los valores límite, los valores objetivo o los umbrales de alerta correspondientes. Entre ellas, se podrán aplicar medidas para regular el tráfico de vehículos, las aeronaves en aterrizaje y despegue, las obras de construcción, los barcos atracados y el funcionamiento de instalaciones industriales, así como el uso de productos y la calefacción doméstica. Por último, prevé la posibilidad de establecer acciones específicas en los planes de acción para proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Con dicha finalidad de adaptación, el nuevo Real Decreto 34/2023 modifica el Real Decreto 102/2011 en lo que se refiere a algunas de las definiciones que contiene; las funciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; las medidas aplicables ante la superación de algunos umbrales; o la obligación de las comunidades autónomas y, en su caso, las entidades locales de elaborar planes de acción a corto plazo.

2. Modificación del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre

Las modificaciones de este reglamento introducidas persiguen una doble finalidad:

• Por un lado, favorecer la transparencia en las resoluciones de autorizaciones ambientales integradas, para que el público pueda acceder a ellas más fácilmente. A tal fin, se requiere que las resoluciones de otorgamiento, modificación y revisión de las autorizaciones ambientales integradas sean exhibidas en los tablones de anuncios de los ayuntamientos donde se encuentren las correspondientes instalaciones, además de estar disponibles en la página web de las comunidades autónomas.
• Por otro, reducir de seis a cinco meses el plazo para dictar la resolución de revisión de la autorización ambiental integrada, con el objeto de que este expediente tenga una duración inferior a la del expediente de concesión del título, aunque superior a la del expediente de modificación sustancial.

3. Modificación del Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos

Las novedades introducidas son las siguientes:

• En relación con las garantías financieras para cubrir la responsabilidad de determinadas entidades o empresas que intervienen en la producción o gestión de residuos, se incluye, para mayor seguridad jurídica, una referencia expresa a las posibles exenciones contempladas en la Ley de Responsabilidad Medioambiental.
• Se modifica el criterio para calcular el importe de la fianza correspondiente a las instalaciones de tratamiento y almacenamiento de residuos con el objeto de reducir su importe, al ser muy superior al que han venido estableciendo las autoridades competentes.
• De igual forma, se modifica el criterio aplicable a la garantía exigible a los gestores de residuos de construcción y demolición de escorias siderúrgicas con el objeto de adaptarlo al que han venido utilizando las autoridades competentes de las comunidades autónomas.