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Las sociedades en dificultades tienden naturalmente a distribuir sus escasos recursos en aquellos ámbitos que permitan garantizar en mayor medida su continuidad. La práctica demuestra que en la mayoría de las ocasiones se prima el pago a proveedores estratégicos y trabajadores, relegándose a un segundo plano la satisfacción de los créditos de otros acreedores, incluso públicos. Son éstos últimos quienes no dudan en iniciar los procedimientos correspondientes para el recobro de sus respectivos créditos; procedimientos que, en no pocas ocasiones, se acompañan de medidas de aseguramiento del cobro como el embargo.