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Las fintech siguen estando en la agenda a corto plazo de la gran mayoría de los reguladores. Las preocupaciones que generan este tipo de plataformas se dinamizan constantemente y el impacto que pueden tener en sectores usualmente no atendidos por la banca tradicional es cada vez mayor.

¿Qué actividades financieras que usan tecnología de información deben de ser reguladas y por qué?

Esta es la principal pregunta que se está respondiendo el regulador bancario peruano, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (“SBS”) a efectos de, junto con otras entidades gubernamentales peruanas tales como la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) y el Ministerio de Economía y Finanzas (“MEF”), puedan proponer un régimen regulatorio que contribuya a la innovación y competitividad de aquellas empresas que usan la tecnología para proveer servicios financieros.

En una reciente conferencia en mayo, la SBS oportunamente hizo una distinción entre los tipos de fintech que existen a la fecha y cómo vienen siendo encaminados los esfuerzos por presentar una propuesta regulatoria coherente e impulsadora. Así, se han diferenciado las fintech que contemplan mecanismos de financiamiento alternativo, que ofrecen servicios financieros usando tecnologías habilitadoras (tales como el procesamiento en la nube, contratación digital, entre otras) de aquellas plataformas de financiamiento participativo (crowdfunding) en su modalidad financiera (i.e. préstamos e inversiones en capital y deuda).

En atención al grupo al que pertenezcan, se está elaborando una propuesta regulatoria con distintos reguladores encabezando la iniciativa correspondiente. A manera de ejemplo, la SMV lidera la regulación para las plataformas de financiamiento participativo (crowdfunding) en su modalidad financiera (i.e. préstamos e inversiones en capital y deuda).

A propósito del crowdfunding ¿Cuál es la situación actual en Perú?

La IOSCO (2015), en un análisis interesante de las distintas regulaciones de países de todo el mundo, logró identificar las siguientes tendencias en relación al crowdfunding: (i) prohibición de la actividad del crowdfunding; (ii) la no regulación del crowdlending; (iii) regulación específica del crowdlending y; (iv) ajustes a las regulaciones vigentes para permitir el crowdlending.

Perú se encuentra en el segundo grupo descrito, aquellos que optaron por no regular la figura del crowdfunding. Contrariamente a lo que muchos pueden pensar, esta estrategia permite al regulador conocer el funcionamiento de las plataformas correspondientes e identificar si a través de la regulación se pueden cumplir aquellas finalidades relacionadas con mitigación de riesgos o impulso y crecimiento de un sector específico (como podrían ser las fintech).

Habiendo visto además distintos ejemplos en la región como podrían ser Colombia (en su proceso por establecer una regulación competitiva para este tipo de empresas) y México (con su innovadora “Ley Fintech”), el gobierno peruano espera crear un ambiente regulatorio enfocado en determinados aspectos.

Finalmente, cabe destacar que, según el BID (2017) en Perú, el 46,2% de los emprendedores opina que, aunque no existe una regulación específica, sí se necesita.

¿Cuál es la propuesta de la SBS para Perú?

La SBS lo ha resumido en lo siguiente: la estrategia regulatoria consiste en un desarrollo selectivo y focalizado, así como en vigilancia periódica de aquellas empresas que se van a desarrollar en este sector.

La propuesta del regulador bancario, en una reciente conferencia llevada a cabo en mayo pasado, sostiene que únicamente deberían regularse aquellos modelos de negocios que lo requieran con la finalidad de que la tecnología sea el medio que permita un mayor acceso a los servicios financieros. Específicamente, son enfáticos en que la regulación financiera debería buscar establecer un sistema que pueda atender, de manera proporcional, a los riesgos que importan las actividades financieras que se desarrollan.

Con un modelo regulatorio como el propuesto se busca que la regulación sea una herramienta que genere mayor competitividad entre las empresas que empiezan a dedicarse al sector financiero usando la tecnología.

Y en cuanto a inclusión financiera… ¿Qué tenemos?

El enfoque regulatorio que pretende otorgar el gobierno peruano está estrechamente alineado con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera del 2015 (ENIF). Esta estrategia especifica cuáles serán las metas de inclusión financiera de Perú para el año 2021. Dichas metas serán medidas usando herramientas objetivas que les permitan alcanzar objetivos en función a los hitos que se impongan. Las principales metas de inclusión financiera para el 2021 están enfocadas a lograr una mayor profundidad en los mercados financieros, ampliar la cobertura física, alcanzar un mayor uso de medios de pago digitales (adecuados a las necesidades de la población) y finalmente, lograr un ecosistema financiero confiable y seguro para la población en general. En este contexto es donde la proliferación de fintech cobra relevancia, a efectos de acercar los servicios financieros usando herramientas cotidianas (i.e. teléfonos móviles, internet y tecnología en general).

¿Cuáles deberían ser los aportes de la regulación local?

Las fintech representan una serie de beneficios para el mercado financiero en general, sin embargo también importan una serie de riesgos (siendo uno de los más palpables, la realización de actividades ilícitas y actividades de lavado de dinero).

Es relevante llamar la atención que regular una figura o un modelo de negocio tiene costos (que no son materia de análisis del presente documento). El mayor costo, y justamente el que se trata de disminuir, es que la regulación puede reducir la participación de distintas empresas en este sector y por ende no cumplir con el objetivo planteado.

Para dichos efectos, existen cinco grandes áreas que el regulador debe considerar: pagos, inversión, préstamos, análisis de datos de riesgos y desarrollo de servicios digitales, para resolver aspectos regulatorios que se deben cumplir.

El gran reto para el Estado peruano, la industria y los reguladores es continuar asegurando un entorno regulatorio que permita e incentive la innovación financiera, lo que a su vez se tornará en una serie de beneficios para los usuarios finales. Queremos resaltar que cuando nos referimos a regulación no la entendemos únicamente como la descripción de las reglas del juego para los participantes del mercado, sino como una actividad de supervisión efectiva e incluso de revisión del impacto de la propuesta regulatoria en el mercado, a efectos de validar que se cumplan con las funciones antes mencionadas.

Resulta interesante e importante que se analice la posibilidad de establecer “espacios seguros” atendiendo a la innovación de estos nuevos productos. Así, estos espacios permiten una pre-autorización para un periodo de prueba del producto o servicio en el mercado, antes de su lanzamiento. Esto fomenta la innovación en soluciones, ya que en la fase de prueba no necesitan someterse a tantos requisitos, y ofrece gran agilidad para probar nuevos modelos de negocio fintech.

¿Qué sigue?

Los agentes que ya participan en el mercado peruano de las fintech se muestran positivos ante la creación de un marco regulatorio que elimine las incertidumbres a las que pueden verse expuestos. Esperan también que los reguladores entiendan el dinamismo de una industria naciente como esta, la evolución permanente y el llamado continuo a la innovación.

Habiendo dicho esto, sujeto al marco regulatorio que finalmente establezcan para el Perú, vale resaltar que no existe certeza en cómo va a reaccionar el mercado sobre el particular. En efecto, una regulación adecuada y que cumpla con su finalidad de incentivar este sector que se encuentra en crecimiento puede generar una mayor proliferación de plataformas que brinden servicios financieros a través del uso de la tecnología. Ello a su vez podría suponer la existencia de dos reacciones en el mercado: (i) que se genere mayor competencia entre las fintech y el sector financiero tradicional por aquel sector no bancarizado que existe a la fecha o; (ii) una sociedad estratégica entre las fintech y las entidades financieras, lo que permitirá la creación de sinergias en beneficio de aquellos consumidores financieros no bancarizados.