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Las descargas por internet sin “la Ley Sinde”. 

¿Cómo pueden defenderse los titulares de los derechos frente al intercambio de archivos a través del sistema P2P, las páginas Web de descarga directa y las que facilitan enlaces o “links”?. ¿Son ilícitas estas conductas? La Ley de Propiedad Intelectual determina que tanto la reproducción como la puesta a disposición de una obra en Internet requieren el consentimiento previo del titular de los derechos. Asimismo, dicha Ley considera comunicación pública la puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y el momento que elija. Sobre estas bases, se debería considerar que las conductas a las que nos venimos refiriendo respecto de obras protegidas por derechos de autor son ilícitas, y no pueden ampararse en el derecho a la copia privada, en la medida en que se trata de una utilización colectiva de las obras.


La persecución judicial de este tipo de infracciones es extremadamente difícil. Nos estamos refiriendo a actos que tienen lugar en una plataforma virtual a la que se conectan millones de usuarios en todo el mundo, y los ficheros no están almacenados en un sitio Web responsabilidad de un servidor, sino que se encuentran dispersos en los ordenadores de los usuarios. La actuación judicial frente a los usuarios es prácticamente imposible, además de inviable, considerando el carácter masivo de las infracciones, las dificultades técnicas y jurídicas en orden a la obtención de la prueba y otras cuestiones, entre las que se encuentra la impopularidad de la persecución de estas conductas, que también juega un papel importante.


En principio, una conducta ilícita que afecte a los derechos de autor, podría ser perseguida mediante el ejercicio de acciones civiles y penales. Por razones prácticas, la vía penal suele ser el camino elegido por los titulares de los derechos, ya que existen facilidades en cuanto a la obtención de pruebas que no están a su disposición si acuden a los Tribunales del orden civil (la obligación de puesta a disposición de datos conservados por ISPs está limitada a la investigación criminal). Pero sin embargo, en la vía penal, las resoluciones que en su inmensa mayoría han dictado los Tribunales, no consideran delito las descargas por Internet.

La Fiscalía General del Estado emitió una Circular, 1/2006 de 5 de mayo, según la cual el intercambio de archivos a través de las redes P2P no podría encuadrarse entre las conductas delictivas de los artículos 270 y 271 del Código Penal, por cuanto el ánimo de lucro exigido debe ser interpretado en el sentido estricto de lucro comercial o económico, y consideraba que la defensa frente a dichas conductas debía tener lugar en la vía civil. Aunque la Circular no es vinculante para los tribunales, ha supuesto un importante obstáculo para la represión penal de estas conductas. Por otra parte, las resoluciones judiciales que se han ido dictando en la vía penal, han sido en su mayoría de archivo, por no considerar delictivos estos actos, indicando que las redes P2P, como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet, no vulneran los derechos de propiedad intelectual. Existen no obstante algunas resoluciones, minoritarias, que consideran que cuando se realizan reproducciones de obras en las redes P2P se hace un uso colectivo de las mismas, que tiene encaje en los comportamientos sancionados en el Código Penal.

Pero si el titular de los derechos pretende instar su defensa ante los Tribunales del orden civil, las dificultades no son pocas, comenzando por las que se originan para acreditar la infracción y para la identificación de los presuntos infractores en Internet. El único dato que permite su localización es la dirección IP asignada por la operadora al usuario, que tiene la consideración de dato de carácter personal, no siendo posible recabar estos datos para litigios en procedimientos civiles.

No podemos dejar de resaltar que también se pueden encontrar opiniones según las cuales estos comportamientos no serían ni tan siquiera ilícitos civiles. Los razonamientos que efectúa el Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona en el Auto de 25 junio 2009 son demoledores, considerando que tanto la existencia de las redes P2P como las actividades de los usuarios relacionadas con ellas no encuentran un claro acomodo en los comportamientos prohibidos por la Ley de Propiedad Intelectual.

En definitiva, existen dificultades legales, agravadas por las interpretaciones judiciales que se vienen realizando y que tienden a no sancionar estos actos de infracción, lo que, junto a las dilaciones de los procesos judiciales y las circunstancias propias de la infracción (su carácter masivo, las dificultades existentes para acreditar la infracción, la identificación del infractor, etc.), conllevan al final que los titulares de derechos de propiedad intelectual queden desprotegidos.

Con la ‘Ley Sinde’ se pretende poner fin a esta problemática, por dos vías. Por un lado, con la reforma propuesta de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información se pretende que en la misma quede debidamente reflejada la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, pero sigue sin facilitarse la obtención en la vía civil de datos relativos a la identidad de los infractores. Por otro lado, se intenta “desviar” el control sobre las páginas Web que utilizan el sistema P2P, permiten descargas o las facilitan por medio de enlaces, hacia el Ministerio de Cultura, creando una Comisión de Propiedad Intelectual, que, por medio de un procedimiento ágil y rápido, podría adoptar medidas frente a un prestador de servicios para interrumpir el servicio o retirar contenidos que vulneren la propiedad intelectual, estableciendo un control judicial, aunque limitado a la comprobación de que no se afecten los derechos y libertades del artículo 20 de la Constitución, por parte de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

No sabemos cuál será el final de la ‘Ley Sinde’, pero lo cierto es que el legislador tiene la obligación de encontrar la forma de garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual, asegurando a la vez los derechos a la intimidad, la libertad de expresión, información y el secreto de las comunicaciones esgrimidos por los internautas en su oposición a esta Ley.