PublicacionesArtículos

El nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas 

 
La reforma introduce un modelo de responsabilidad penal directa e independiente de la persona jurídica, abandonando el anterior sistema de responsabilidad accesoria, en tanto que se requería de la previa responsabilidad penal de una persona física. La persona jurídica responsable, ya no será sancionada exclusivamente con el pago de una indemnización por responsabilidad civil, sino que recibirá una auténtica sanción penal.

El nuevo art. 31 bis del Código Penal determina que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su provecho, por sus representantes legales y administradores.

Asimismo, serán también penalmente responsables de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por los empleados de la compañía que hayan podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas no se va a exigir en todos los delitos, sino solo en aquellos que se establecen expresamente, siendo los más relevantes para las empresas los siguientes: delitos de descubrimiento y revelación de secretos, estafa,  insolvencia punible, daños informáticos, delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, corrupción privada,  blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Se concreta un catálogo de penas, calificadas como graves, que pueden ser impuestas a las personas jurídicas: multa, la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades por un plazo no superior a cinco años, la clausura de sus locales y establecimientos por un plazo no superior a cinco años, la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido el delito, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social y la intervención judicial.

La pena que se impone con carácter general a la persona jurídica es la de multa, pudiendo el Juez imponer, además, en los casos más graves, alguna de las restantes, a cuyo efecto debe valorar su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva y sus consecuencias económicas y sociales, especialmente los efectos para los trabajadores.

En esta reforma subyace el deseo del legislador de obtener una colaboración activa de las empresas en el descubrimiento y en la prevención de la delincuencia económica, y a tal efecto  establece una serie de circunstancias atenuantes que giran en torno a estas ideas. Así, se otorga el beneficio de la atenuación de la pena a las empresas que denuncien los delitos que se hayan cometido en su seno o que colaboren de manera relevante en su investigación, y también se contempla como atenuante el establecimiento de medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse.

Si hay algo importante que la empresa debe extraer de esta reforma es la necesidad de ejercer el debido control y supervisión sobre quienes la administran y gestionan y sobre quienes trabajan en ella, con la finalidad de evitar o mitigar la responsabilidad penal. Resulta por tanto conveniente que la persona jurídica lleve a cabo una serie de actuaciones dirigidas a evitar la comisión de actos delictivos, como puede ser el establecimiento de planes de prevención de delitos, en los que pueden incluirse códigos internos de conducta que establezcan un conjunto de normas, políticas y procedimientos observables por todos, lo que permitiría evitar o en su caso minimizar su responsabilidad penal.